Midiendo el compromiso con las buenas prácticas
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El papel de las fuerzas armadas en la acción humanitaria
“(…) En situaciones en las que se utilizan la capacidad y los recursos militares para apoyar la acción humanitaria, garantizar que ese uso es conforme al derecho internacional humanitario y que reconoce la función de liderazgo de las organizaciones humanitarias”.
Principio 19 de los Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria
Desde el final de la Guerra Fría, la interferencia entre las actuaciones humanitarias y las militares ha aumentado notablemente. Desde ciertos sectores se califica este proceso como “militarización de la ayuda”, un fenómeno que se ha agudizado desde el 11S y que ha debilitado la percepción de neutralidad de las respuestas humanitarias. Esto es así porque, aunque las fuerzas militares intenten parecer imparciales, no pueden serlo ya que representan los intereses del Estado al que pertenecen.
Desde comienzos de la década de los 90, coincidiendo con el establecimiento de una operación militar para proteger a los kurdos de los ataques del régimen iraquí, las intervenciones de las fuerzas armadas en acciones humanitarias han sido cada vez más numerosas. En aquel momento, ese tipo de actuaciones eran incipientes y por ello presentaban una escasa planificación. Con el paso de los años, la diversificación de los conflictos y la llamada lucha global contra el terrorismo, con la que se inauguró el siglo XXI, han ido forjando una tendencia que confiere funciones y cometidos humanitarios a las fuerzas militares nacionales y multinacionales. Estas funciones van desde la escolta armada a los convoyes humanitarios hasta la distribución directa de ayuda a las poblaciones afectadas. De esta manera, la distinción entre acciones humanitarias y militares se ha diluido paulatinamente provocando una creciente confusión entre las funciones de unas y otras.
En plena guerra de Kosovo, por ejemplo, el portavoz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, no dudaron en legitimar la guerra aduciendo motivos humanitarios. Se acuñaron frases como “guerra humanitaria” o “bombardeos humanitarios”. De manera similar, en 2001 y en pleno ataque aéreo estadounidense sobre Afganistán, las fuerzas de Estados Unidos solían distribuir ayuda alimentaria de emergencia, lanzando en paracaídas más de treinta mil raciones de alimentos. Esta ayuda formaba parte de la asistencia humanitaria prometida por la Administración Clinton para aliviar la crisis en Afganistán y era entregada por el mismo ejército que bombardeaba a diario el país.
Los principios 19 y 20 de la Iniciativa de Buena Donación Humanitaria recuerdan el “papel primordial de organizaciones civiles en el desempeño de la acción humanitaria, particularmente en zonas afectadas por conflictos armados”. De acuerdo con estos principios, adoptados por todos los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE –entre los que se encuentra Estados Unidos, la utilización de recursos militares debe producirse sólo en aquellos casos en los que sea absolutamente imprescindible y siempre conforme el derecho internacional humanitario. El protagonismo en este tipo de actuaciones debe recaer sobre las organizaciones humanitarias y en ningún caso sobre los militares; estos deben ser colaboradores y no actores y nunca implicarse en la provisión directa de la asistencia humanitaria.
Hay numerosas razones por las que las actividades humanitarias resultan cada vez más atractivas para las fuerzas armadas. Mientras que los organismos humanitarios ofrecen, de manera imparcial, ayuda basada en las necesidades de las personas afectadas por las crisis, las fuerzas armadas suelen emplear la ayuda humanitaria como un medio para conseguir objetivos estratégicos y, al mismo tiempo, “ganarse los corazones y las mentes” de las poblaciones y de la opinión pública en general. La provisión directa de ayuda humanitaria puede servir para “humanizar” la imagen del ejército, lo que llega a ser vital para su seguridad en contextos complejos. Hay quien observa en esta nueva estrategia una instrumentalización de la ayuda que está más cerca del marketing que del humanitarismo y cuyo objetivo final parece ser el aumento de la credibilidad de los ejércitos.
La interferencia entre las actuaciones de las organizaciones humanitarias y los ejércitos provoca percepciones confusas. De esta forma, los actores humanitarios y los militares son confundidos y la neutralidad exigible a las acciones humanitarias se distorsiona. La consecuencia de esta realidad es, en muchos casos, peligrosa para el personal de las organizaciones humanitarias que llegan a ser atacados por considerarlos cercanos a uno u otro lado del conflicto. En la memoria colectiva se encuentra los ataques sangrientos que sufrió la sede de la ONU y del Comité Internacional de Cruz Roja en Bagdad, hace cuatro años, y que costaron la vida a 22 personas. En 2004, cinco empleados de Médicos Sin Fronteras fueron asesinados en Afganistán y un portavoz talibán justicaba el ataque acusando a la organización de estar al servicio de intereses estadounidenses. En agosto de 2006, fueron asesionados 15 trabajadores humanitarios que trabajaban en Sri Lanka en las tareas de reconstrucción tras el tsunami. En todo el mundo, las organizaciones humanitarias están sufriendo ataques violentos contra su personal e instalaciones lo que ha llevado a muchas de ellas a retirarse de las zonas más conflictivas.
Los actores humanitarios más significativos piden que la participación de los militares en tareas de asistencia sea utilizada como último recurso, en casos muy excepcionales, en la fase de emergencia y siempre que no haya alternativa civil. El objetivo de la acción humanitaria no es la resolución de conflictos si no garantizar que la población civil recibe la ayuda necesaria de manera imparcial y sin ninguna clase de distinción, tal como reconoce el derecho internacional humanitario.
La complejidad que, en los últimos quince años, han adquirido estas cuestiones y la necesidad de acordar un marco de coordinación y colaboración entre las organizaciones militares y humanitarias, llevó, en 1994, a aprobar las Directrices de Oslo (Directrices sobre el Uso de Defensa Militar y Civil en el Socorro ante Desastres), un conjunto de principios que intentan mejorar la eficiencia y la eficacia de las intervenciones militares en las actuaciones humanitarias en situaciones de paz. Casi diez años después, en 2003, fueron elaboradas las Directrices MCDA (Directrices sobre el Uso de Recursos de Defensa Militar y Civil para Apoyar Actividades Humanitarias de Naciones Unidas en Emergencias Complejas), cuyo objetivo es definir las actuaciones militares en el seno de las actuaciones de Naciones Unidas. Ambos documentos muestran la preocupación de la comunidad internacional por un asunto que provoca una amplia controversia. Estas directrices definen situaciones excepcionales en las que la implicación de organizaciones no civiles en tareas humanitarias es el único medio posible para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger la seguridad y la dignidad humanas.
La multiplicación de actores en el área de la acción humanitaria y la complejidad de las crisis obligan a mantener la neutralidad de las actuaciones de manera escrupulosa, así como a definir, con absoluto rigor, las responsabilidades y competencias que les corresponden a las organizaciones humanitarias y a las fuerzas militares – sin que éstas asuman competencias humanitarias. Los Principios y Buenas Prácticas de la Donación Humanitaria recogen en el punto número 20 la obligación de los países firmantes de respetar y promover el uso de las Directrices de 1994 (revisadas en 2006) y 2003 como documentos de referencia para operaciones cívico-militares. Los donantes deben tener clara la necesidad de continuar diferenciando lo humanitario de lo militar, dado que la asistencia efectiva a millones de personas en el mundo, la protección de sus vidas y las de los trabajadores humanitarios dependen en gran medida de esa diferenciación.