Midiendo el compromiso con las buenas prácticas
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ACTUALIDAD
El papel de los beneficiarios de la acción humanitaria
“Solicitar que las organizaciones humanitarias ejecutoras garanticen, en el mayor grado posible, una implicación adecuada de los beneficiarios en el diseño, ejecución, el seguimiento y la evaluación de la respuesta humanitaria”.
Principio 7 de los Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria
En ocasiones, las respuestas humanitarias no han tenido suficientemente en cuenta la opinión y la experiencia de las poblaciones y organizaciones locales afectadas por una emergencia a la hora de diseñar, dimensionar, implementar y evaluar la respuesta ante la crisis. Recientemente, Jan Egeland, Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas, conversó con DARA al respecto. Según él, el papel de las comunidades locales no ha sido reconocido de manera suficiente a pesar de que, en situaciones de emergencia, son estos colectivos los que responden y hacen frente en primera instancia, a las necesidades de las personas afectadas. Generalmente, cuando la respuesta internacional llega a la zona, ya se han organizado redes sociales de ayuda mutua; y en muchas ocasiones las comunidades locales cuentan con estructuras y mecanismos ya consolidados y muy eficientes para garantizar la asistencia inicial a las víctimas. Por ello, la acción humanitaria puede ser más efectiva si se integra en procesos locales, apoya iniciativas ya existentes y vincula la recuperación con el desarrollo de las comunidades. Se obtendrán mejores resultados si se parte de un análisis de necesidades y, sobre todo, de un estudio de las capacidades existentes. Tal como ha señalado Silvia Hidalgo, Directora de DARA, “la palabra clave es apoyo, empoderamiento y fomento de las capacidades de las personas y de las comunidades”.
Los Principios de Buena Donación Humanitaria son bastante elocuentes en lo que al papel de las comunidades locales se refiere. Del principio 5 al 8, se destaca la importancia esencial que tiene la integración de la población en los procesos de ayuda para conseguir efectos que garanticen no sólo la asistencia inmediata, sino también la prevención ante futuras emergencias. Para ello, la participación, implicación e intervención de los beneficiarios deben producirse tanto en el diseño de la respuesta humanitaria como en su implementación y posterior evaluación.
La implicación activa de los receptores de la ayuda a lo largo de todo proceso de la asistencia humanitaria es, principalmente, una responsabilidad de las organizaciones implementadoras. Los donantes humanitarios, que en general tienen escasa presencia en el terreno, apenas disponen de medios para asegurar la inclusión activa de los beneficiarios de la ayuda en el diseño, puesta en práctica y evaluación de los programas. Sin embargo, pueden y deben incorporar en sus estrategias de acción humanitaria la inclusión responsable de las poblaciones locales y, sobre todo, deben requerir que el empoderamiento de las personas esté contemplado y puesto en práctica por las organizaciones implementadoras a las que financian.
La falta de coordinación con los colectivos sociales de los países afectados por emergencias humanitarias ha sido cuestionada tanto por organizaciones no gubernamentales como por Naciones Unidas. También lo ha sido la escasez de fondos dedicados al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil o al diseño de planes conjuntos de prevención, mecanismos de respuesta y procesos de rehabilitación. Hay, incluso, quien denuncia la predominancia de un enfoque paternalista que mina las capacidades de los beneficiarios, incrementa su dependencia y aumenta su vulnerabilidad.
Ahora bien, tales críticas pueden suponer un punto de inflexión a partir del cual proponer nuevas formas de actuación que reconozcan el papel fundamental que las comunidades locales representan. De hecho, existe una creciente conciencia sobre su relevancia en situaciones de emergencia, sobre todo en los momentos inmediatamente posteriores a la crisis y en la prevención y preparación ante futuras emergencias. El creciente desarrollo de movimientos asociativos locales puede aportar a las organizaciones implementadoras y a los donantes una interlocución que permita integrar más y mejor a los colectivos beneficiarios. En ese sentido, tal como defiende Jan Egeland, la comunidad donante debe trabajar codo a codo con ellos porque “solamente, cuando las personas son empoderadas, cuando se les ofrecen suministros, cuando se les apoya, son realmente capaces de obtener resultados más exitosos”.
Las estrategias de empoderamiento son diversas y difieren sustancialmente según el contexto político y las circunstancias personales y sociales sobre las que se quiere actuar. Generalmente, un refuerzo de la capacidad local organizativa permite a los colectivos vulnerables movilizarse y enfrentarse conjuntamente a sus problemas, lo que también implica que los individuos se sientan socialmente incluidos, respetados y representados. Hasta hace pocos años, la palabra “empoderamiento” y la idea de la participación activa de las comunidades locales en las respuestas a emergencias eran dominio casi exclusivo del lenguaje de la cooperación al desarrollo y apenas solían utilizarse en referencia a la acción humanitaria. No obstante, han ido ganando en popularidad y aceptación no sólo entre las organizaciones humanitarias, sino entre los policymakers y la comunidad de donantes.
Cada vez se duda menos que la puesta en marcha de procesos consultivos con los beneficiarios, el apoyo financiero e institucional a las redes locales y los mecanismos de participación activa de comunidades afectadas incrementan la calidad y la eficacia de la ayuda humanitaria. Muestra de ello es la existencia de iniciativas como la de Humanitarian Accountability Partnership (HAP) que consiste en desarrollar un sistema de rendición de cuentas enteramente dirigido hacia los beneficiarios.
El hecho de que los donantes comiencen a recoger la participación efectiva de los beneficiarios como una condición previa a la financiación, aumenta la presión y la responsabilidad de las agencias implementadoras para garantizar que este principio no quede en papel mojado.